Antofagasta, 23 de mayo de 2025 – Un contundente golpe contra la probidad en el sector público local. El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, ha confirmado hoy la apertura de sumarios administrativos y profundas investigaciones contra 32 funcionarios de la propia Municipalidad de Antofagasta. Estos empleados forman parte del masivo grupo de más de 25 mil funcionarios públicos a nivel nacional que, según un revelador informe de la Contraloría General de la República, habrían utilizado licencias médicas para prolongar sus estadías en el extranjero.
La decisión del edil antofagastino es tajante. «Bajo mi administración no va a haber un milímetro de espacio para el abuso o la corrupción. Estamos trabajando por una nueva Antofagasta, donde los recursos se ocupen bien. No vamos a tolerar este tipo de acciones”, sentenció Razmilic, marcando una postura firme y un compromiso ineludible con la transparencia en la gestión municipal.
El Eco Nacional del Escándalo Resuena en la Región
El caso de Antofagasta se inserta en un escándalo de alcance nacional que ha puesto en tela de juicio la probidad en diversas instituciones del Estado. La Contraloría, a través de su informe, detectó que solo en la Región de Antofagasta, un total de 492 funcionarios públicos habrían realizado viajes al extranjero mientras se encontraban con licencias médicas entre 2023 y 2024. Este dato regional amplifica la magnitud de la problemática y la urgencia de las medidas.
La Fiscalía ya ha iniciado investigaciones paralelas para determinar posibles responsabilidades penales en las instituciones involucradas. En este contexto, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de Antofagasta ha manifestado la necesidad de acceso a la información completa de los informes para asegurar un proceso justo y evitar estigmatizaciones.
Sanciones a la Vista: El Proceso Tras el Sumario
La apertura de un sumario administrativo no es un mero formalismo. Es un proceso investigativo riguroso que busca esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades individuales y, en caso de comprobarse la falta, aplicar las sanciones correspondientes. Las consecuencias para los funcionarios hallados culpables pueden ir desde amonestaciones y multas económicas hasta suspensiones de sus cargos o, en los casos más graves y de probada reincidencia o fraude, la destitución.
Este precedente local se suma a otros casos de alto perfil a nivel nacional, como los de Raúl Domínguez, exjefe de División en Subtel, quien ya renunció a su cargo tras las acusaciones, y el exministro Marcos Barraza, ambos también señalados en el mismo informe de la Contraloría.
El desafío es claro: restaurar la confianza pública. La acción de la Municipalidad de Antofagasta es un paso crucial para demostrar que el uso indebido de recursos y privilegios no quedará impune.
