Un informe de auditoría reveló pagos a empresas proveedoras de la estatal, cuyos socios eran la cuñada, los sobrinos e incluso la hija de Patricio Céspedes Guzmán, quien omitió algunos de estos aspectos en sus declaraciones de intereses, El también ex director de Sonami ejerció como director de la estatal durante más de 12 años, en representación del gremio minero. El órgano contralor reprochó además la falta de respuesta de Enami a informes de 2020 y 2022 que advertían y ordenaban corregir la situación.
Específicamente, el ente contralor apunta a Quimurco Minera Limitada, Minera Troyano Limitada y Sonda Mines SpA. Las tres compañías recibieron -en conjunto- transferencias por $10.444.893.786 en el período mencionado.
Advertencia Previa
Lo grave del asunto radica en que la situación fue advertida en dos informes previos de 2022. En ellos, se menciona que en las sociedades participaban la cuñada y sobrinos de Céspedes, pero que sus identidades fueron tachadas en los documentos originales. No obstante, dichas observaciones nunca fueron respondidas.
A ello se sumó en que el informe de 2022, que auditó el proceso de compra de minerales y productos mineros en el Poder de Compra de Paipote, se observó que Céspedes también omitió en su declaración de interés a la Compañía Minera Cifuncho SpA, donde su hija, Isabel Cristina Céspedes Mandiola y su yerno, Guido Patricio Cerda Herrera, eran administradores y socios de la firma privada, cuyo giro correspondía a la extracción de oro, plata y procesamiento del cobre, por lo que también estaba afectada a la prohibición legal de suscribir contratos con la Enami en razón de la relación de parentesco.
El informe detalla que “la falta de observancia en la actualización de procedimientos, requerida a Enami (…) denota una falta de oportunidad en la toma de medidas por parte de la empresa para evitar situaciones como la referida”.
Así, la Contraloría ordenó a Enami remitir dentro de 60 días hábiles “el procedimiento interno comprometido en su respuesta con las actualizaciones solicitadas”, e iniciar una investigación por parte del directorio “con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades”, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción de este informe.
Finalmente, el órgano de control informó que “remitirá el presente informe final al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para los fines que en derecho correspondan”.
La respuesta de la estatal
Consultada al respecto, Enami sostuvo que “la actual administración que asumió en agosto de 2023, ha trabajado por robustecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión de la empresa”.
En este sentido, indicaron que “se han mejorado una serie de procedimientos, sobre todo en la prevención de eventuales conflictos de interés, para evitar situaciones como las detectadas por Contraloría en este informe correspondiente al año 2022″.
Así, la estatal dijo que “está trabajando para dar respuesta en los tiempos requeridos a las observaciones y actualizaciones solicitadas por el organismo contralor, con la mayor transparencia para así seguir aportando al desarrollo de la pequeña y mediana minería del país”.
