Antofagasta, 27 de mayo de 2025 – La polémica por el millonario contrato de $65.450.000 entre la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) y una empresa perteneciente al holding El Mercurio ha escalado a una crisis institucional en Antofagasta, con múltiples actores exigiendo transparencia y rendición de cuentas. Las repercusiones ya alcanzan a la alta dirección de la CMDS y se proyectan hacia las máximas instancias fiscalizadoras del país.
El contrato en cuestión, ID 558869-22-LE25, adjudicado el 10 de marzo y firmado por la Secretaria General Ejecutiva de la CMDS, Belguin Cisternas, ha sido fuertemente cuestionado por su financiamiento: 45% con cargo a la Subvención Escolar y 55% a fondos Per Cápita de Salud, es decir, recursos originalmente destinados a estudiantes y usuarios del sistema de atención primaria de salud, usados para un plan de comunicación 2025.
Autocrítica del Alcalde y Movimientos en CMDS
En una tensa reunión a puertas cerradas con el Concejo Municipal, el alcalde Sacha Razmilic, presidente del directorio de la CMDS, admitió que «no estoy de acuerdo cómo se hicieron las cosas», refiriéndose específicamente a la asignación de recursos y a la falta de información oportuna hacia su persona. Esta autocrítica viene acompañada de movimientos en la cúpula de la Corporación.
Razmilic confirmó que el puesto de la Secretaria Ejecutiva de CMDS, Belguin Cisternas, está «en evaluación», dejando abierta la posibilidad de nuevas desvinculaciones. Esta situación se suma a la ya confirmada salida de Francisco Salazar, exjefe de Comunicaciones de la CMDS, cuya remoción se produjo en medio de esta polémica.
Como anteriormente dijimos en esta reunión el jefe comunal también abordó la presunta existencia de una enmienda al contrato original, que habría cambiado la fuente de financiamiento de recursos per cápita a transferencias municipales. Sin embargo, Razmilic reconoció que este documento, supuestamente firmado el 17 de marzo, aún no ha sido subido a la plataforma de transparencia, calificándolo como «otro error en la seguidilla de errores que ocurrieron y que le costaron el puesto al director de comunicaciones». Pese a que el alcalde aseguró que, administrativamente, el proceso estaría en regla, esta falta de transparencia genera serias dudas.
Concejales y Diputada Ahumada van a Contraloría y al CDE
Las explicaciones del alcalde, aunque incluyeron una dosis de autocrítica, no lograron convencer al Concejo Municipal. Los ediles salieron de la reunión con una postura unánime: llevar los antecedentes a la Contraloría General de la República.
«Estamos en todo nuestro derecho de llevar los antecedentes a la Contraloría y lo vamos a hacer, que quede claro que nosotros estamos fiscalizando y se deben aclarar las cosas», enfatizó el concejal republicano Claudio Aguirre. El concejal Camilo Kong (Frente Amplio) fue categórico al exigir nuevas desvinculaciones y no tener «doble estándar» en la fiscalización. El concejal republicano Patricio Aguirre lamentó no poder hacer preguntas, señalando que «quien tiene ahora que aclarar esas dudas es la Contraloría». Finalmente, Waldo Valderrama (Comunista) criticó la licitación «a la medida para un solo medio».
A estas acciones se suma la intervención de la diputada por la región, Yovana Ahumada, quien ha decidido elevar el caso a las máximas instancias fiscalizadoras y judiciales. La parlamentaria anunció que oficiará a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que intervengan en la investigación.
«No podemos permitir que recursos esenciales para nuestros estudiantes y la salud de la comunidad se utilicen de esta manera», habría señalado Ahumada, reflejando la indignación pública. La diputada busca que ambos organismos determinen si existieron irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato, y si se ha producido un perjuicio al erario público que deba ser subsanado, haciendo hincapié en la necesidad de total transparencia y el establecimiento de responsabilidades.
La confluencia de estas acciones por parte del Concejo Municipal y la diputada Ahumada intensifica la presión sobre la administración de la CMDS y la Municipalidad de Antofagasta, augurando un periodo de profunda investigación y escrutinio público en un año electoral clave.
